El Cerro, La Habana, (PD) Cada día es mayor el parecido entre muchos de los acontecimientos que tienen lugar en Venezuela, y aquellos que sucedieron en Cuba durante los años iniciales de la revolución castrista.

En los años sesenta de la pasada centuria, por ejemplo, y debido fundamentalmente a errores cometidos en la estructura económica de la nación – entre ellos la expropiación indiscriminada de empresas y otros negocios –, la sociedad cubana enfrentó una aguda escasez de alimentos y bienes de consumo en general. Entonces, como vía para limitar la demanda e impedir un aumento de la inflación, las autoridades establecieron la libreta de racionamiento para los alimentos, el vestuario y otros artículos industriales.

La Venezuela de Hugo Chávez, como consecuencia de las estatizaciones y otras restricciones a la empresa privada, padece últimamente de un apreciable desabastecimiento de artículos de primera necesidad. Paralelo a ello, y en el contexto de la relación oferta-demanda, la inflación se ha disparado hasta un 23%, la más alta de América Latina. Y he aquí que Chávez decide desmarcarse ligeramente de la experiencia cubana. Como mismo hicieron antes los dirigentes castristas, el líder bolivariano tiene que mantener los precios bajos, al alcance de las mayorías. Pero en lugar de acudir a la cuestionada libreta de racionamiento, opta por implantar la denominada Ley de Costos y Precios Justos.

En efecto, el gobierno venezolano ha anunciado el congelamiento de precios para dieciocho productos, entre alimentos, productos de higiene personal y de limpieza del hogar, medicinas y servicios de atención médica, materiales de construcción, y repuestos de vehículos. Se trata de que las empresas cubran sus costos de producción, y después establezcan un precio de venta que les ofrezca solo un margen razonable de ganancia. El problema consiste, de acuerdo con el criterio de algunos empresarios, en que la Ley no contempla ninguna metodología para determinar cuándo una ganancia es excesiva, lo cual deja el camino libre a las arbitrariedades de la burocracia que generará tan exorbitantes controles.

Por supuesto que la medida cuenta con el respaldo inicial de los sectores con más bajos ingresos de la sociedad venezolana, quienes se quejan de que artículos de amplio consumo popular, como la carne de res, han visto triplicar sus precios por parte de comerciantes inescrupulosos. Sin embargo, otras voces opinan que la medida va a desestimular a los productores, lo cual gravitará sobre la oferta y hará que el desabastecimiento se torne crónico. También afirman que, a largo plazo, la referida Ley debe de infundir temor a los inversores, y ya sabemos que un clima de desconfianza es uno de los principales males que afectan a cualquier economía.

La experiencia cubana de casi medio siglo de control de precios mediante la libreta de racionamiento nos muestra que casi siempre estas medidas conducen a un efecto contraproducente. El mercado es terco y trata de prevalecer por más que se le reprima; por eso la relación oferta-demanda siempre se va a manifestar, bien sea en su forma natural, bien sea encubierta, adquiriendo la modalidad de bolsa negra o economía sumergida. Cuando los productores comprueben que no pueden ofertar sus productos a los precios que consideren adecuados, sencillamente los esconderán, no los llevarán a los mercados oficiales, y entonces los consumidores, abrumados por el desabastecimiento, tendrán que pagar a escondidas el precio que el productor o comerciante decida imponer.

En estos casos la solución parece ser la eliminación de todas las trabas que oprimen al sector productivo. Solo la libre competencia entre los productores propicia que se eleve la oferta, y así los precios bajan automáticamente.
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla