Habana Vieja, La Habana (PD) Los corruptos están en el colimador oficial. El general-presidente Raúl Castro ha dado el visto bueno para una cacería que apenas comienza.

El proceso de detenciones y condenas a prisión a funcionarios políticos, gerentes, directores de empresas, entre otros integrantes de esa gran familia que porta el carnet del partido gobernante como camuflaje para encubrir sus fechorías, va en incremento.

No obstante, es difícil creer que todos los culpables se sentarán en el banquillo de los acusados. Existen niveles y categorías que aportan cierta invisibilidad ante las razias de los policías del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI).

No es lo mismo el director de una empresa o comercio local, que alguien dedicado a velar por cualquiera de las exclusivas entidades económicas pertenecientes al Ministerio de las Fuerzas Armadas (FAR), que por cierto, facturan cientos de millones de dólares al año y tienen bajo su control entre el 60 y el 70% de la economía del país.

Es de prever que la mayoría de los castigos afectarán a personajes de poca monta. Los "pejes gordos" caídos en desgracia serán ostensiblemente menos al contabilizar el número total de procesados.

En estos casos el asunto puede que se solucione a golpe de amonestaciones, traslados de puestos de trabajo a cumplir similares responsabilidades o tal vez mediante la imposición del "plan pijama", una suerte de retiro temporal en sus respectivos domicilios, que no invalida todos los privilegios adquiridos durante el ejercicio de un cargo relevante.

Ante un fenómeno que echa por la borda gran parte del sustrato ideológico y político del sistema que proclamaba haber logrado cuotas insuperables de probidad moral y ética, es necesario reevaluar conceptos y decidirse por calificaciones que nada tengan en común con palabras tales como socialismo y revolución.

Precisamente por la cantidad de personas implicadas en estos delitos, son abundantes las razones para anticipar que los escarmientos serán selectivos.

Con independencia de las motivaciones que mueven a miles de cubanos a desfalcar los almacenes del Estado mediante una complicada red de cabecillas y colaboradores, el asunto hay que verlo desde una perspectiva en la cual el futuro de la nación cubana se percibe con adicionales capas de sombras.

Algunos lo definen como un mal hábito, otros prefieren interpretarlo como maniobras de supervivencia, y hay quienes, con más agudeza, se determinan a sacar a la palestra la falta de racionalidad y previsión de un modelo a través del cual no se ha podido articular una sociedad medianamente viable.

Los vientos del igualitarismo y la centralización han traído estas tempestades para las que no existen soluciones rápidas ni duraderas.

El tiempo despejará las incógnitas en torno a este asunto. Cuesta imaginar un resultado alentador frente al indetenible flujo de malversaciones, estafas, cohechos y un sinfín de prácticas delictivas que operan dentro de una institucionalidad de facto.

La sedimentación del relajo a escala nacional pone en entredicho la eficiencia de los excesivos controles que tempranamente identificaron las políticas del grupo que ha tenido el poder desde 1959 hasta hoy.

¿Y qué pensar de la integridad de la numerosa militancia del partido comunista al conocer la fecunda concurrencia de sus asociados en actos de corrupción?

La lógica justifica los vaticinios más sombríos. Valga apuntar que una proporción considerable de infractores se encuentran muy próximos a los que supervisan y llevan a cabo las operaciones de captura. A tan corta distancia, ¿les será posible descubrir la identidad de los encartados? Sobran los motivos para dudarlo.

Las corruptelas llegaron para quedarse. Como siempre habrá piezas para el sacrificio. Conejillos de Indias escogidos al azar para justificar el éxito de una limpieza social que llega tarde y con muchas imperfecciones.
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