Cuando se pierde la vergüenza

Cuba actualidad, Boyeros, La Habana, (PD) Al ver las informaciones y reportes sobre el recién concluido Sexto Encuentro Internacional Justicia y Derecho no puedo menos que preguntarme si tantos juristas foráneos, con experiencia e información, pueden ser tan fácilmente engañados o confundidos por las monsergas y falsedades que con total desfachatez prodigan las autoridades, funcionarios y voceros del gobierno cubano.

El evento, que se desarrolló entre los días 23 y 25 de mayo en el Palacio de las Convenciones de La Habana, bajo el auspicio del Tribunal Supremo Popular, la Unión de Juristas de Cuba y la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, acogió a varios cientos de delegados cubanos y extranjeros, quienes, además de la imprescindible sesión dedicada al caso de los cinco espías presos en Estados Unidos, conocieron a través de los delegados y funcionarios cubanos las "excelencias y bondades" del sistema judicial-penitenciario de la Isla.

De más esta decir que, según lo expuesto y debatido en el evento, Cuba es un modelo de justicia infalible donde no hay lugar a errores ni deslices. Qué decir de nuestro sistema penitenciario, caracterizado como el paraíso de la reeducación ejemplar, con tantas comodidades y ventajas que dan deseos de solicitar el ingreso inmediato a cualquiera de los cientos de prisiones que colman la estrecha geografía insular.

La irrespetuosa desfachatez de las autoridades cubanas es plenamente conocida, sin embargo resulta en extremo irritante, en este cognoscible y globalizado mundo moderno,  el ingenuo paso por Cuba de juristas que deben tener conciencia muy clara de lo que significa en un estado totalitario el ejercicio del derecho, el verdadero imperio de la ley y los valores universalmente reconocidos.

Al igual que los sindicalistas que cada año llegan de disímiles rincones del planeta a "celebrar" el Primero de Mayo como invitados del único sindicato único, corporativo y oficialista de Occidente, los juristas invitados parecen incapaces o no interesados en echar un somero vistazo a las múltiples aberraciones contenidas en las legislaciones cubanas, desde la Constitución misma que hace inamovible per sécula un sistema político, hasta el Código Penal, el cual sanciona la privación de libertad para personas que no han cometido delito alguno.

Acaso los ilustres delegados extranjeros no notan fisuras en un sistema que carece de independencia del poder judicial y donde no existe el ejercicio independiente del derecho, por lo que un mismo ente institucional acusa, detiene, instruye de cargos, juzga, condena, encarcela e incluso defiende, pues hasta los letrados deben pertenecer a la entidad estatal  responsable.

Si los delegados invitados hubieran decidido acercarse a la Cuba real y profunda, habrían conocido cómo los ciudadanos deben enfrentar día a día la ineficacia de ese sistema judicial, incapaz de enfrentar con éxito la impunidad de las autoridades de orden público y administración penitenciaria, las cuales cometen todo género de abusos y desmanes sin que nada los detenga ni disuada.

En Cuba no existen mecanismos independientes de monitoreo de los derechos y la justicia. La ausencia de Defensor del Pueblo u Ombudsman, de comisiones parlamentarias o ciudadanas, de academias, etc., junto al monopolio estatal de los medios informativos y de comunicación  dejan a los ciudadanos en total estado de indefensión, ante el inmenso poder, impunidad y la persistente vocación de intolerancia e injusticia ampliamente demostradas en cinco décadas de poder absoluto.

A contrapelo de las bondades y trasparencias que achacan al sistema penitenciario los representantes cubanos, decenas de miles de familias cubanas han sentido el rigor de las prisiones de la isla, que alcanza con su saga de dolor y humillación a los seres queridos de los reclusos, siempre víctimas de todo género de abusos, torturas físicas y psicológicas y sobre todo de la indolencia de las autoridades que permanentemente cierran los ojos ante la tragedia.

Los delegados concurrentes ni siquiera imaginan que más allá de las carencias estructurales el más grave trauma que aqueja al sistema judicial y penitenciario de Cuba sea la corrupción galopante que se extiende como pandemia y hace metástasis en todo nuestro cuerpo social.

Los gobernantes cubanos hacen caso omiso a la tupida red de corrupción que envuelve a las prisiones, a la policía y al sistema judicial, que somete a expoliación permanente a los ciudadanos que pueden pagar las tarifas del degradante y extendido negocio, y condena al sufrimiento y la injusticia a los desamparados, muchas veces inocentes.

En el momento en que el gobierno cubano es fuertemente cuestionado  por las agencias de la ONU contra la discriminación racial y la tortura, las autoridades de la isla captan a centenares de juristas, que seguramente en sus países son fervientes defensores de la legalidad y los plenos derechos, mientras que aquí en Cuba convalidan con vergonzante complicidad la inconsecuencia antijurídica en que se sustenta el poder de la familia que ha convertido a nuestra nación en un vulgar sultanato tropical.

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