La huelga, que inició el pasado 31 de agosto, es en reclamo de su derecho a progresar en el régimen penitenciario, de acuerdo al reglamento de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior.

Me informa Valle Ibarra que decidió rechazar los alimentos porque se le hizo una revisión de causa en el Tribunal Popular Supremo de Ciudad de La Habana y su sanción disminuyó a veinte años de privación de libertad. El caso es que para hacerle una sanción única y conjunta, su expediente fue enviado a Ciudad de La Habana y permaneció allí un año y dos meses. Ahora, a su regreso a Canaletas, está mal redactado y hay que regresarlo a la capital. Este trámite burocrático demorará y él quedará privado de los beneficios y derechos como lo es trabajar en una granja abierta. Esto es exactamente lo que el recluso reclama.
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Nota del redactor: La contumaz negativa del régimen cubano a permitir la presencia o la visita de observadores internacionales imparciales en centros de detención, prisiones y demás instalaciones a cargo del Ministerio del Interior, permite la práctica inveterada de la tortura en la mayoría de las instalaciones a cargo de esta institución.