Campamento San Agustín, Matanzas, 21 de octubre de 2010 (PD) El sistema político y social son irrevocables en Cuba por mandato del pueblo, según está recogido en la Constitución de la República. Si dicho carácter representa el verdadero mandato popular, las instituciones que administran los poderes del Estado, ¿defenderían a este pueblo despojado de sus derechos y libertades?

La Fiscalía General de la República, recibió el pasado 12 de julio una carta en la que denuncio las violaciones y arbitrariedades que reinan en el campamento “Tarea Confianza San Agustín”, en Ceiba Mocha, provincia de Matanzas. Todavía está sin respuesta. El silencio abre las puertas de la impunidad a los militares para continuar sus prácticas.

Idéntica suerte encontró la remitida el 12 de agosto al Departamento del Control de la Legalidad en los Establecimientos Penitenciario de la fiscalía de Matanzas, con la sola diferencia de que dicha instancia avisó a la jefatura del campamento de la llegada de mi carta. Mientras el periódico Girón dijo que el gobierno “no le permite dar tratamiento a las cartas-denuncias contra dependencias y funcionarios de la fiscalía y el Ministerio del Interior (MININT)”.

Amparados los represores del MININT por el silencio cómplice de la fiscalía, en el campamento Tarea Confianza San Agustín, el preso tiene que soportar vivir bajo una amenaza constante y con la supresión del pase, el teléfono o con ser revocado a prisión.

En dicho campamento, el llamado del de pie (despertar) se da a las cinco de la madrugada o mucho antes. En horas del mediodía, a los reos los mantienen formados en fila a pleno sol por un período prolongado. También se les prohíbe comer frutas y el almuerzo y la comida sólo puede ser acompañada por un vaso de agua.

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