Managua, La Habana, 21 de octubre de 2010, (PD) El general Raúl M. Castro, a través del Consejo de Estado, decretó el 6 de octubre como “Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado”.

Ese miércoles, y a propósito de la fecha, el general pronunció un discurso en la Sala Universal de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias).

Ya existía el Día de los Mártires de la Revolución; así que esta nueva creación parece obedecer a la constancia de Estados Unidos en mantener a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo.

El 6 de octubre de 1976, estalló en pleno vuelo, debido a explosivos colocados en su interior, un avión de Cubana de Aviación que había acabado de despegar de Barbados. 73 personas murieron. El hecho, sean quienes sean los responsables, no tiene justificación.

En su discurso, Castro hizo un recuento de ataques, presuntos y reales, que calificó de terroristas, provenientes de territorio estadounidense. Entre los mencionados estuvo el fuego ocurrido en el círculo infantil Le Van Tan, en el municipio Marianao, en mayo de 1980. Aseguró que allí estuvo en gran peligro las vidas de 570 niños y 156 trabajadores de esa entidad.

Ahí es otro el asunto, porque nunca se han ofrecido pruebas de ese “acto terrorista”, y porque resulta totalmente imposible de creer que haya seres humanos capaz de querer, por cuestiones políticas o de cualquier otro tipo, asesinar a cientos de niños. En la historia contemporánea no se conoce ningún Herodes. Lo de las cámaras de gas durante el nazismo, era en circunstancias de horror generalizado.

Pero ante esta nueva manera oficial de condena al terrorismo de Estado, surge una pregunta: ¿La efemérides tiene en el listado de víctimas a los cubanos que murieron en el hundimiento del Remolcador 13 de Marzo y a las víctimas de los actos de repudio de 1980? Recordemos que esos actos donde la vileza tocó fondo, comenzaron tras un editorial del periódico oficial Granma que concluía: “El pueblo no conoce de sutilezas diplomáticas. Ahora entrará en acción el pueblo”.

Las buenas intenciones de un Estado en relación con un asunto tan complicado y sensible como es el terrorismo, no se acuñan con un decreto, sobre todo cuando existe el antecedente de prácticas terroristas en algún momento o etapa anterior.

En el caso de Cuba, los gobernantes deberían, ante todo, pedir perdón por las víctimas que el movimiento insurreccional que dirigieron ocasionó con sus actos de terrorismo. Y además, sacar de su panteón de héroes y mártires a todos los que en algún momento realizaron alguna actividad terrorista. También prohibir a ex terroristas ocupar cargos públicos de cualquier importancia.

Con eso sobraría cualquier decreto tendente a tratar de demostrar antipatía por los actos terroristas de Estado, y no habría dudas de que Cuba está en contra y condena con rigor cualquier tipo de terrorismo.

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