La Víbora, Ciudad Habana, 28 de octubre de 2010, (PD) La muchacha que nos atiende en nuestra mesa se acerca a ella con una pregunta:

-¿Quién es Vallín aquí?

-Soy yo –respondo – ¿por qué?

-Porque tiene una llamada telefónica en la carpeta.

Una idea rauda me pasa por la mente: “aparecieron, ya me extrañaba no lo hubieran hecho”.

Las tres mujeres que me acompañan en el almuerzo ponen de inmediato cara de preocupación pues también les pasa por la cabeza lo mismo y temen por mí. Trato de calmarlas con una sonrisa mientras me incorporo de la silla y acudo a mi “llamada telefónica”.

He venido con mi esposa a Pinar del Río, donde he sido invitado a brindar un conversatorio cuyo tema es La Esencia de la Constitución. Hace quince días atrás brindé otra denominada Historia de las Constituciones que transcurrió tranquilamente. Hoy la historia, parece, será diferente.

Llego a la carpeta. El hombre que está en ella me dice que mi llamada está en un cuartico anexo cuya puerta debo abrir y entrar. El teatro está en marcha. Abro y entro con la total convicción de lo que me voy a encontrar dentro.

Dos señores cuyo tipo, pelado, vestimenta, compostura y autoritarismo ya reconozco fácilmente me esperan. Esta es la primera maniobra diversionista de la obra, el primer engaño: no hay tal llamada telefónica.

Les pido identificarse. Uno de ellos me dice ser (sin mostrar ningún documento que, por demás, tampoco hace falta) el Jefe del Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia en Pinar del Río que, indudablemente, tiene mucho poder pues ha desplegado todo un amplio operativo de “segurosos” alrededor de las viviendas de algunas personas relacionadas con mi visita y en torno a la casa donde debo impartir el conversatorio, amén del séquito que “nos ha acompañado” a almorzar.

Me desayuno con que el Jefe del Registro de Pinar tiene tal equipo bajo su mando. Y este es el segundo engaño de la obra: el Jefe del Registro no es quien dice ser.

De todas maneras, el “Jefe” me dice conocer de nuestra reclamación al Tribunal Provincial Popular de Ciudad Habana pero, no obstante, la Asociación Jurídica Cubana “no ha sido reconocida aún y, por tanto, no puede impartir conversatorios en Pinar a nombre de una Asociación que no tiene reconocimiento oficial”.
Le digo que estoy aquí a título personal y no a nombre de la Asociación…pero eso no parece importarle: no estoy autorizado.

Le menciono a los repasadores de niños de las escuelas de enseñanza general que hasta ahora han estado haciendo eso…y me responde que ellos sí han estado autorizados, pero no los abogados. Le pido me enseñe la regulación que establece las cosas de la manera que él las dice, pero ahí no tiene respuesta (tercer engaño: no tienen base legal), aunque insiste en su posición. Mi conversatorio no será permitido…y yo asumo las consecuencias si lo hago.

Le recuerdo el apotegma jurídico que establece “es lícito todo lo que la ley no prohíbe” y lo hago casi por inercia, pues mi experiencia me dice que hablar con ellos de la vigencia de la ley…PARA TODOS es como tratar de explicar las integrales múltiples a niños de primaria.

Termina esta breve conversación “amistosa” y los “representantes del Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia en la más occidental de las provincias del país me desean disfrutar del almuerzo en compañía de las señoras que están aquí conmigo.

Al regreso, nos “acompañan” los “empleados del Registro de Asociaciones de la ciudad” (nueva mentira) con talkie-walkies, escondidos tras las columnas, con gran temor de ser fotografiados y con una falta de profesionalismo ostensible (¿o es que querían que nos diéramos cuenta?).

Nuestros anfitriones, con un claro sentido de responsabilidad y de su deber en situaciones de esta naturaleza, optaron por suspender el evento. Nosotros habíamos dejado a su decisión nuestra actuación definitiva. Hasta aquí lo último acontecido a la Asociación Jurídica Cubana.

No obstante, creo pertinente dejar claro algunas posiciones de principio y que constituyen nuestra razón de ser:
1. Las autoridades, sean estas cuales sean, están en la OBLIGACION de actuar conforme a Derecho en cualesquiera circunstancias, si quieren ser respetadas.
2. Es lícito todo lo que la ley no prohíbe, y la Razón de Estado pertenece cada vez más a los tiempos de Richelieu y Maquiavelo.
3. El artículo 286 del Código Penal vigente reza textualmente: “El que sin razón legítima ejerza violencia sobre otro o lo amenace para compelerlo a que en el instante haga lo que no quiera, sea justo o injusto…o para impedirle hacer lo que la ley no prohíbe, es sancionado…”.

Me gustaría sobremanera que aquellos que creen (si de verdad así piensan) tener RAZON LEGITIMA para prohibir lo que la ley no prohíbe me explicaran esas razones que, fíjense bien, tienen que ser LEGITIMAS conforme señala la ley. Y esta explicación la pido al amparo del artículo 63 de la Ley Suprema de la nación.

Mientras no conozca la legitimidad de esa prohibición -al igual que la de la “tarjeta blanca” y otras de ese tenor-, seguiré pensando que el objetivo de ellas es que los ciudadanos no conozcan sus derechos para darles el tratamiento arbitrario que plazca y mantenerlos en el miedo y la indefensión totales.

vallinwilfredo@yahoo.com