El Primer teniente Emilio Barrios, al rato y ya cuando tenían los objetos decomisados encima de un camión, me comunicó que su superior había llegado y que podía hablar con él. Éste me mostró la orden de registro, pero se negó a darme la copia. Según ellos, nada los obligaba hacer tal cosa. Me apresuré en buscarles el artículo de la Ley de Procedimiento Penal que regulaba el particular y no me dio tiempo, abandonaron el lugar rápidamente.
Buscaban una “fábrica de medallones”, sin más especificación. Decomisaron una computadora, 28 libras queso, medio saco de sal, una nevera y un horno hechos en casa, y todo lo que les pareció.

Este hecho, además de alterada, me dejó un sabor amargo como profesional del derecho: el de la impotencia y la frustración. Ver como violan la ley y los derechos ciudadanos, con total impunidad, y no poder hacer nada.

Los agentes procedieron al registro de un domicilio privado sin cumplir las formalidades, que exige al respecto, la Ley de Procedimiento Penal. Sus reacciones me dijeron que ellos, o desconocían totalmente la norma que me amparaba para pedir la copia de la orden, o no la tenían consigo. Creo que había un poco de las dos cosas.
La Ley de Procedimiento Penal, en su artículo 218, exige la presentación de una resolución fundada del instructor, con aprobación del fiscal, copia de la cual se entrega a la persona interesada, para proceder a tal diligencia.

Lo que me mostró el superior de los agentes, parecía una planilla o un modelo, no una resolución. En el artículo 219, la ley exige, que ésta precise el objeto y las razones que justifican adoptar la medida. El documento mostrado no especificaba ningún objeto, ni argumentaba razones.

No obstante que el artículo 220 les ordena no extender la diligencia a extremos ajenos a lo que sea objeto estricto de la investigación del delito, los agentes decomisaron bienes que en nada se relacionaban con la existencia de una supuesta fábrica ilegal.
En el proceder de los agentes de la autoridad de la unidad policial del Capri en el municipio Arroyo Naranjo, en vez de legalidad primó la prepotencia y falta de profesionalidad, lo que reafirma la poca preparación del cuerpo policial cubano. Parece que un cursillo de seis meses no es suficiente para que aprendan lo que la ley ordena, si es que se lo enseñan.

En Cuba, vestir un uniforme policial, parece que convierte a determinadas personas en seres superiores al resto de los mortales. El poder adquirido es tal, que estos se sienten con el derecho de actuar impunemente, a sabiendas de que cometen delitos y de que violan derechos ciudadanos, pero están confiados, el mismo sistema los protege.
“Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago”, así se interpreta el nuevo lema de Raúl Castro: institucionalidad, orden y disciplina. A los ciudadanos hay que hacerles cumplir y respetar la ley, aunque para ello, sus agentes, la violen flagrantemente.
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