La Víbora, Ciudad Habana, 29 de julio de 2010, (PD) La llamada me sorprendió un poco porque no es habitual que me llamen para hacerme preguntas por teléfono. Por lo regular, las personas vienen a vernos o nos escriban cartas. Por eso demoré algo en responder cuando escuché:

-¿Podría dedicar una de sus consultas a la Razón de Estado?... El problema es que he tenido dificultades para que me entreguen la tarjeta blanca (permiso que los ciudadanos cubanos deben solicitar al gobierno para poder salir del país), y cuando le pregunté a un abogado de un bufete colectivo sobre eso me respondió: “Su caso lo más probable es que sea una Razón de Estado”.

Le pedí que me explicara, pero no quiso. Me dijo que lo buscara en los libros…

-Bien, le prometo que lo haré – le dije. Y aquí cumplo esa promesa.

Dos famosos personajes de la historia feudal europea, el cardenal francés Richelieu y el político italiano nacido en Florencia Nicolás Maquiavelo (sobre todo este último), fueron los primeros definidores y utilizadores de este concepto que se reduce a la siguiente aseveración:
“Todo Estado tiene una tendencia intrínseca y manifiesta natural que busca el continuo incremento y consolidación de su propia potencia, fin para el cual tiende a usar todos los medios, incluso la violencia, trasgrediendo la moral y el derecho.

La razón de Estado presenta un aspecto interno, que es lograr el dominio preponderante del Estado sobre todo su territorio y población con el objetivo de eliminar la anarquía interna; y un aspecto externo, que es aumentar la propia potencia y disminuir la ajena, por todos los medios y que pueden ir desde la guerra hasta alianzas ofensivas y defensivas.”

Maquiavelo hace alusión concretamente a las medidas excepcionales que un gobernante ejerce o puede ejercer con el objeto de conservar o incrementar la vitalidad y fuerza de su Estado, dando por supuesto de que la supervivencia del mismo es un valor primario y superior a cualesquiera otros derechos individuales o colectivos.

Las medidas en cuestión sugeridas por el florentino, pueden ser perfectamente inocuas y legales como, por ejemplo, sacar de sus viviendas, trasladándolos a otra parte de la ciudad, a los vecinos de manzanas aledañas a un hospital con el objetivo de agrandar éste, o la construcción de una presa que obligaría al desalojo de familias campesinas para asegurar el abastecimiento de agua.

Sin embargo, y unido a lo anterior, esas medidas también pudieran contradecir -si resultare necesario a la conservación del régimen político- incluso los principios básicos que éste pudiera defender, como es el caso de asesinatos de dirigentes políticos, la persecución de personas desafectas o el terrorismo de Estado.

Como la razón de Estado muchas veces ha servido de justificación a medidas simplemente tiránicas o de dudosa moralidad para lograr la permanencia de un gobierno o sistema de gobiernos determinados y toda vez que nunca hemos podido encontrar ninguna Ley, Resolución, Decreto o acaso simplemente una explicación escrita que justifique la existencia de la “tarjeta blanca”, quizá estuvo en lo cierto el letrado que dijo que el caso que nos ocupa hoy bien pudiera estar justificado por esa “razón”.

En un material consultado para el presente trabajo, leemos: “La expresión ha cobrado muy mala fama y conlleva una significación negativa, a tal extremo, que en la actualidad “razón de Estado” se utiliza de manera generalizada para definir las medidas ilegales o ilegítimas tomadas por un gobierno con intención de mantener el orden establecido o mejorar su posición frente a enemigos o disidentes”.

La doctrina de la razón de Estado tuvo gran auge durante el período comprendido entre las dos guerras mundiales. Hoy en día, sin embargo, no es concebida como un factor siempre presente de las relaciones internacionales.