La Víbora, Ciudad Habana, 5 de agosto de 2010, (PD) Un ciudadano, ingeniero de profesión y lector asiduo de La Consulta, nos pregunta qué ha ocurrido con “unos acuerdos sobre derechos humanos firmados por el gobierno cubano en los Estados Unidos”…

Este es un tema que nos parece suficientemente interesante e importante como para traerlo hoy a nuestra sección. Preliminarmente, aclaremos algunos detalles.

Los Pactos, firmados por Felipe Pérez Roque, entonces canciller del gobierno cubano, fueron dos: el Pacto de los Derecho Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos fueron rubricados por “el mejor intérprete del pensamiento del Comandante en Jefe” en la ciudad de Nueva York el 28 de febrero de 2008.

Estos documentos internacionales -de innegable trascendencia- son una derivación lógica de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU que, desde el punto de vista legal, no es sino una recomendación cuya observancia no es obligatoria ni siquiera para sus firmantes, en tanto que los Pactos, que recogen los principios universales de la Declaración, sí pudieran serlo en su oportunidad.

Personalmente debo reconocer que cuando escuché esta noticia en la sesión vespertina del Noticiero Nacional de Televisión hace ya más de dos años, quedé estupefacto y todavía hoy no alcanzo a comprender del todo qué se perseguía con semejante acto.

La esencia de mi estupefacción está en el contenido y alcance de tales documentos de la ONU. Para todo aquel que los conozca y sepa además la inveterada tendencia del gobierno cubano a no reconocer de ninguna manera los Derechos Humanos a sus ciudadanos, semejante firma no puede menos que parecer insólita e incoherente.

Otro problema clave es que existen innumerables dicotomías entre esos Pactos y la legislación cubana en sentido general. Para solo poner un ejemplo, la constitución cubana choca contradictoriamente en muchos de sus artículos con los de los Pactos, creándose entonces una situación aparentemente insoluble.

No obstante lo anterior, es una verdad aceptada internacionalmente que el Derecho Internacional Público (DIP), sus pragmáticas, principios y convenios, priman sobre el derecho interno de los países y, entonces, este derecho interno deberá atemperarse a lo que establece el DIP y tendrá que modificarse cuando conflictúa con éste.

Algo que llama poderosamente la atención es que la gran mayoría de los cubanos desconocen esa firma y mucho menos el contenido de los Pactos en cuestión, cuya aplicación y observancia en nuestro país terminaría con el caos generalizado que hoy sufre nuestra patria.

De todas maneras, hay que tener claro que esos tratados tiene una ruta, es decir, una serie de pasos que deberán cumplirse para que entren en vigor en toda su magnitud. O sea, que no basta con esa primera firma inicial que en la práctica, no pasa de ser algo así como la declaración de una intención que no es sino eso: una intención.

Es menester, después, la ratificación de esos pactos y, posteriormente, la adhesión a los protocolos vinculantes para que la ONU pudiera exigir al país la observancia estricta y rigurosa de su contenido. Desgraciadamente, este proceso puede dilatarse cuanto se quiera por el país involucrado si lo que hizo con su primera firma se reduce a una labor diversionista, “cosa que acostumbran a hacer las dictaduras”, como una vez me dijo una parlamentaria de la Unión Europea.

Una pista que apunta a esta última dirección es precisamente el desconocimiento ya referido en que el gobierno ha mantenido al pueblo en cuanto a su propósito con esa firma inicial, su no ratificación a más de dos años de firmado y la no divulgación masiva de su contenido ni de los pasos de que hablamos, lo que ilustraría a las masas en cuanto a los pros y los contras de tales documentos para el pueblo de Cuba.

Lo dicho hasta aquí creemos se verá más claro si analizáramos el espíritu y la letra de cada uno de esos Pactos, cosa que trataremos de hacer en futuras ediciones de La Consulta.

vallinwilfredo@yahoo.com