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¿RESPETAR LA LEGALIDAD O MENTIR CONSCIENTEMENTE?
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Wilfredo Vallín Almeida
Reside en La Habana. Abogado, economista, profesor, ensayista y politólogo. Dirige la Asociación Jurídica Cubana. primaveradigital@gmai.com 
Por Wilfredo Vallín Almeida
Publicado el 19/08/2010
 
Algunas personas consideran que las actuales autoridades cubanas nunca jamás reconocerán a la AJC como una agrupación de abogados nacionales independientes. Otros ciudadanos piensan que hay un retorno al respeto de la ley y que la coyuntura es favorable para ese reconocimiento. Pero, ¿qué piensa la propia Asociación Jurídica Cubana en cuanto a lo que sucede en torno a su solicitud o a lo que puede acontecer en el futuro?




La Víbora, La Habana, 19 de agosto de 2010, (PD) Existe una cierta expectativa entre amigos y enemigos con la situación actual de la Asociación Jurídica Cubana (AJC) en cuanto a su solicitud de ser reconocida como una ONG.

Así, algunas personas consideran (y nos lo dicen) que las actuales autoridades cubanas nunca jamás reconocerán a la AJC como una agrupación de abogados nacionales independientes.

Otros ciudadanos piensan (y nos lo dicen) que hay un retorno al respeto de la ley y que la coyuntura es favorable para ese reconocimiento. Además, es necesario tener siempre mente positiva ante el desarrollo de los acontecimientos.

Pero, ¿qué piensa la propia Asociación Jurídica Cubana en cuanto a lo que sucede en torno a su solicitud o a lo que puede acontecer en el futuro? Veamos.

La Asociación Jurídica Cubana fue creada el 1 de octubre de 2008. En su Carta de Presentación (que constituye su Declaración de Propósitos), encontramos: “…como es a todas luces evidente, la sociedad cubana atraviesa un período convulso que es preciso detener pues conduce a un caos irreversible que pudiera finalizar en una tragedia nacional de incalculables proporciones. Para los letrados que conformamos la Asociación Jurídica Cubana, uno de los ineludibles pasos inmediatos a dar es el de contribuir al paulatino pero progresivo establecimiento en el país de un auténtico Estado de Derecho que restituya a toda la población las prerrogativas que corresponden a los ciudadanos libres de los Estados modernos”.

Conjuntamente con este propósito, la AJC se planteó de inmediato otro, a saber: solicitar su reconocimiento como asociación legal según las posibilidades que brindaba la Ley de Asociaciones de trece de julio de 1987 del Ministerio de Justicia y su Reglamento.

Antes de continuar, es menester una digresión necesaria. Como se sabe, pues ha sido publicado en la prensa nacional, hace ya algunas semanas, la Contralora General de la República informaba al gobierno que, en varias investigaciones realizadas a distintos niveles del aparato estatal, resalta un denominador común: las distintas instancias no respetaban en lo absoluto las disposiciones legales vigentes.

Además, hace apenas unos días, en el último período de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder popular, un diputado declaraba públicamente que las instituciones estatales no respondían en lo absoluto las preguntas o demandas que hacían los ciudadanos, que era menester crear leyes complementarias que trataran convenientemente el tema pues la norma actual era el irrespeto absoluto a la población.

Constitución de la República, articulo 63: “Todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes conforme a la ley.

Pues bien, eso fue exactamente lo que ocurrió con nosotros. Conforme a lo establecido, nos dirigimos con una misiva al Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia y esperamos el tiempo correspondiente que la ley concede para que responda. Al finalizar ese periodo, la entidad en cuestión no respondió absolutamente nada. Esperamos unos meses y volvimos a realizar la misma solicitud anterior. Nuevamente, la callada por respuesta.

Ante lo anterior, decidimos entonces acudir a la ministra de justicia con un Recurso de Alzada. Tampoco recibimos respuesta alguna. Agotada la vía administrativa, acudimos entonces a la vía judicial y presentamos la demanda correspondiente ante la sala segunda del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana que, conforme establece la ley, dio 10 días a la ministra para que respondiese…Pero en vano nuevamente.

Ahora estamos en espera de que ese Tribunal de Justicia cumpla lo que la ley ordena y dé los pasos que tiene que dar conforme a derecho. Como siempre ha sido nuestra política, no nos separaremos un ápice de lo que establecen las leyes nacionales. No seremos nosotros los que no responderemos al llamado de la legalidad o los que irrespetemos a nuestros conciudadanos.

La AJC no se hace ilusiones, pero tampoco quiere pecar de pesimista. En Cuba existe una Ley de Asociaciones que enumera las causales de denegación de las solicitudes que se le hacen. Tenemos la plena seguridad de que no estamos comprendidos en ninguna de esas causales.

Ahora podremos constatar donde esta la razón y donde no. Veremos si existe en realidad la voluntad política de retornar al respeto a la legalidad…o si se miente conscientemente.

vallinwilfredo@yahoo.com