Habana Vieja, La Habana, diciembre 10 de 2009 (PD) Vivir en una isla tiene sus inconvenientes. No es posible irse corriendo para el país contiguo. El mar se convierte en una especie de abismo donde se estrellan los anhelos de salir más allá de las fronteras nacionales, independientemente de los motivos que se tengan para hacerlo.

En Cuba no hacen falta militares encaramados en sus atalayas, prestos a balear el cuerpo de algún intrépido saltador de muros, como ocurría en la frontera de la antigua República Democrática Alemana (RDA) con su contraparte situada en las antípodas del socialismo de estado.

Con las procelosas aguas del mar Caribe basta para minimizar el costo represivo. Ahí están los depredadores marinos y el oleaje para que hagan el trabajo sucio.
En esa carrera, decenas de miles de coterráneos han tropezado con la muerte.

Neumáticos y artilugios extravagantes han sido los medios más usados durante los éxodos masivos de 1980 y 1994 y en las intermitentes fugas, que aún ocurren, desde el advenimiento de la revolución, en 1959.

Todavía, a pesar de los riesgos, persisten los intentos de dejar atrás las palizas existenciales propinadas por un socialismo al que le han puesto una máscara de humanidad y el alma de la Madre Teresa de Calcuta.

Una de las causas que explican la longevidad del sistema implantado en Cuba radica en la condición insular. La dictadura tiene, gracias a la geografía, las rejas y los candados de la cárcel que necesita para mantener el terror en forma óptima.

Con agua salada, tiburones, marejadas y tarjeta blanca, el gobierno logra un destacado margen de productividad en términos de inversión y ganancias en cuanto a control social se refiere.

Para abandonar el país legalmente, es preciso acudir a los carceleros para que valoren, si dar o no la autorización. El expediente del peticionario debe estar exento de transgresiones, no importa la naturaleza de las faltas. En la interpretación o la orden de algún encumbrado oficial de la policía política, es que descansa la respuesta final.

Como parte del universo eufemístico que nos agobia, tanto como la insularidad y los abusos de poder, al salvoconducto se le ha dado en llamar tarjeta blanca.

A través de estos procedimientos, la salida del país queda en un limbo donde se ceba el chantaje y otros actos que han conducido al suicidio y al padecimiento de enfermedades nerviosas al reforzarse los márgenes de injusticia e impunidad.

En sus intentos de ir un poco más allá del mar, cumpliendo los mecanismos establecidos para esos fines, Juan Juan Almeida ha chocado con el muro de la inflexibilidad gubernamental. Para él no hay tarjeta blanca. La denegación del permiso de salida se repite una y otra vez.

Hace pocos días, el viaje que realizó fue a Villa maristas (el cuartel general de la policía política), después de enarbolar un cartel, en la vía pública donde pedía que se levante la prohibición que le impide ir a recibir un tratamiento médico en el exterior y de paso ver a su familia que reside en los Estados Unidos.

Él es uno entre miles que esperan por la concesión del permiso para abandonar el país de manera temporal o definitiva. Los ecos mediáticos del caso se basan en que es hijo del comandante de la revolución Juan Almeida Bosque, desaparecido recientemente por causas naturales.

Un breve repaso del suceso da las claves para pensar que su suerte cambiará solo cuando existan pruebas del agravamiento de la enfermedad degenerativa ósea que padece, para la cual no hay tratamiento en Cuba.

Debilitado y quizás más cercano a la muerte, podrá ver entre sus manos la tarjeta blanca. No es un alarde de profeta. Es el modus operandi de una dictadura con la capacidad y la propensión de hacer daño por muchísimos medios.

oliverajorge75@yahoo.com